(EL URBANO DE CHACABUCO) ¿Puede un usuario hacerle juicio a Cablevisión porque no le informó a su debido tiempo que iba a brindar el servicio de internet con una empresa que se disolvió a principios del 2009?
La respuesta a la pregunta deberían darla las asociaciones de defensa del consumidor, o abogados particulares que se interesen por el tema.
Lo cierto es que, gran parte de la población de la República Argentina y de los usuarios del servicio se enteraron la semana pasada, por boca del Ministro de Planificación Julio De Vido que “la empresa Fibertel se disolvió el 15 de enero de 2009. Esto quiere decir que dejó de existir”, según citaron algunos medios de comunicación de la Capital Federal.
Según el diario Tiempo Argentino, el Grupo Clarín “sabía a ciencia cierta que la licencia para operar con la compañía que presta el servicio de Internet pendía de un hilo y que existían muchas posibilidades de que jamás se las renovaran”.
El mismo medio publica un párrafo de un informe de 200 páginas que el Grupo Clarín presentó el 11 de Octubre de 2007 ante la Bolsa de Londres. Dice “la adquisición por la Sociedad de una participación controlante en Cablevisión y su adquisición de Multicanal, Holding Teledigital y Prima están sujetas a aprobación regulatoria que no puede ser otorgada”.
Por lo tanto, se marca una línea divisoria entre la información a la que tenían acceso los posibles accionistas, y aquella a la que podían acceder las personas que quisieran contratar el servicio.
Hasta el momento, el debate sobre los consumidores se ha enfocado sobre el derecho que tienen a elegir qué compañía contratar. Sin embargo, no se ha prestado suficiente atención al derecho que tenían todos los usuarios de Cablevisión Fibertel a que la firma les brindara información veraz y adecuada sobre la situación de la empresa, como también se marca en la Constitución Nacional.
Desde que se anunció la caída de la licencia, la cotización de las acciones del Grupo Clarin está bajando rápidamente. A pesar de que se dice que 1 millón de usuarios quieren mantener el servicio de Fibertel, parece que los inversores se comportan como si hubiese perdido la confianza en la empresa.
Efectivamente, no será un simple periodista el que tenga la respuesta a esta pregunta. Tampoco será un periodista quien diga qué posibilidades tiene de prosperar una acción legal de este tipo. Y menos, el que responda ¿Se puede cobrar por un servicio brindado a través de una empresa que no existe?
No obstante, es bueno tener espacio para poder plantear estas cuestiones.

Cristian Otegui

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